Profesionales del Colegio de la Abogacía de La Plata cuestionan una iniciativa que ya obtuvo media sanción en Diputados bonaerenses y advierten sobre cambios en el control de los registros profesionales y el pago de honorarios. Sostienen que la reforma podría afectar el derecho de niñas, niños y adolescentes a contar con una representación legal propia.

Un proyecto de ley que busca derogar la normativa que regula la figura del Abogado del Niño en la provincia de Buenos Aires encendió la preocupación entre los profesionales especializados en derecho de familia. La iniciativa propone reemplazar el sistema vigente desde 2013 y modificar aspectos centrales de su funcionamiento, entre ellos la supervisión de los registros de abogados y el esquema de pago de honorarios.

La propuesta genera cuestionamientos en el ámbito de la abogacía, donde advierten que los cambios podrían debilitar una herramienta destinada a garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan voz propia en los procesos judiciales que afectan sus derechos.

Sara Cánepa, abogada especialista en la materia, explicó que el Abogado del Niño tiene una función específica: representar jurídicamente los intereses y la voluntad de la persona menor de edad, sin responder a los padres, al juez ni al Estado.

“No representa a los padres, ni al juez, ni al Estado: patrocina a niñas, niños y adolescentes”, remarcó.

La profesional recordó que la figura fue establecida por la Ley provincial 14.568, sancionada en 2013, y que desde entonces los veinte Colegios de Abogados bonaerenses fueron conformando registros con profesionales especialmente capacitados. En ese proceso, el Colegio de la Abogacía de La Plata fue el primero en dictar el curso de formación y organizar su registro.

Para Cánepa, uno de los principales cuestionamientos es que la iniciativa pretende reemplazar la legislación vigente sin presentar un diagnóstico sobre su funcionamiento. “Si algo falla, se puede corregir sin tirar abajo todo lo construido”, sostuvo.

El control de los registros, otro foco de conflicto

Uno de los puntos que despierta mayor resistencia es la posibilidad de que la Suprema Corte bonaerense y el Ministerio de Justicia asuman la supervisión de los registros de abogados del niño, que actualmente organizan los Colegios profesionales.

María Donato, abogada de familia y referente del Colegio de la Abogacía de La Plata en esta temática, expresó sus reparos frente a esa modificación y también cuestionó el cambio propuesto para el pago de honorarios.

Las profesionales sostienen que los Colegios deben conservar el control de los registros, ya que el Abogado del Niño puede necesitar cuestionar decisiones judiciales o actuaciones de organismos estatales cuando considere que perjudican los derechos de una persona menor de edad.

“Si un organismo no protegió a un chico, o si un juez tomó una decisión que lo perjudica, el abogado del niño tiene que poder cuestionarlo sin estar sujeto a un funcionario estatal o a un juez”, explicó Cánepa.

Y planteó una comparación para ilustrar su postura: “Sería como que el árbitro controle al abogado de uno de los equipos”.

Desde esa perspectiva, consideran que el control profesional debe permanecer en manos de los Colegios de Abogados, por su autonomía y por la experiencia acumulada en la formación y el seguimiento de los profesionales que integran los registros.

La preocupación por el pago de honorarios

El otro eje central del debate es el financiamiento de la representación legal. Según explicaron las abogadas, el sistema vigente contempla que el Estado provincial cubra los honorarios cuando la familia no cuenta con recursos suficientes. En otros casos, el Estado abona una parte y el resto se determina en el proceso judicial.

El proyecto, en cambio, propone establecer como regla que los honorarios sean afrontados por los padres, tutores o guardadores, y reservar la intervención estatal para situaciones excepcionales.

Donato advirtió que ese cambio podría convertirse en una barrera para el acceso a la Justicia, especialmente en los casos en los que existen conflictos entre los menores y los adultos responsables de su cuidado.

“Tener un abogado es un derecho del chico, no un servicio que compra su familia. Si depende del dinero, terminamos con chicos de primera y de segunda”, afirmó.

La letrada también señaló que, en determinadas situaciones, los niños necesitan una representación propia precisamente porque sus intereses entran en conflicto con los de los adultos que tienen a su cargo su cuidado. Por ese motivo, consideró que el financiamiento no debería depender exclusivamente de esas personas.

El derecho de niñas, niños y adolescentes a tener voz propia

Las abogadas fundamentaron su postura en las garantías establecidas por la Constitución Nacional y la Constitución provincial, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

También mencionaron el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2023 en el caso “María y otros”, que involucró fallas en la protección judicial de una madre adolescente y su hijo.

Para las profesionales, cualquier modificación legislativa debe contemplar los estándares de protección de derechos y evitar retrocesos en las garantías ya reconocidas.

En ese sentido, cuestionaron que los Colegios de Abogados no hayan sido consultados durante la elaboración del proyecto y que, según indicaron, hayan sido convocados cuando la iniciativa ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados bonaerense.

Un petitorio y gestiones ante el Senado

Frente a este escenario, los abogados del niño de distintos puntos de la provincia impulsarán un petitorio para expresar su rechazo al proyecto y buscarán reunirse con senadores bonaerenses para presentar sus objeciones y discutir el dictamen elaborado por el Colegio de la Abogacía de La Plata.

Las profesionales aclararon que no se oponen a revisar la legislación, pero reclamaron que cualquier reforma se construya a partir de la experiencia de quienes trabajan en el sistema y con participación de los Colegios profesionales.

“Los Colegios, que sostienen este sistema desde hace más de diez años, no participamos de su elaboración. Pedimos que no se avance en el proyecto. Si quieren mejorar la ley estamos dispuestas a trabajar en eso, partiendo de la experiencia acumulada y escuchando a los Colegios”, señalaron.

El debate pone en discusión el alcance de la representación legal de niñas, niños y adolescentes, la autonomía de los profesionales y las condiciones para garantizar el acceso a la Justicia. Para las abogadas, el punto central debe ser la protección de los derechos de quienes necesitan una voz propia en los procesos judiciales.

“Detrás de cada intervención hay una historia de vida de niñas, niños y adolescentes. Eso tiene que estar en el centro de cualquier reforma”, concluyeron.